Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Por largos 53 años las dinámicas
del conflicto armado interno y en específico las acciones bélicas adelantadas
por las guerrillas de las Farc y del ELN, incidieron de manera directa e
indirecta en las elecciones de Presidentes de la República. Es decir, por más
de medio siglo los colombianos, en
sectores rurales y urbanos, eligieron mandatarios presionados por el devenir
de la guerra interna y por el odio que hacia las guerrillas logró inocular,
exitosamente, la Prensa afecta al Régimen y la animadversión que de manera
natural lograron generar dichos grupos subversivos, por sus acciones
demenciales y actos de terrorismo perpetrados en el contexto de un degradado
conflicto armado.
Ahora que se avecina el primer
evento electoral con las Farc convertidas, ojalá ya en partido político, el tema que varios
medios masivos están buscando posicionar en las audiencias electoras es el
Acuerdo Final (II), la implementación y el cumplimiento de la palabra empeñada
tanto por las Farc, como por el Gobierno de Santos. Insistir en ese camino,
llevará a darle un inconveniente carácter plebiscitario a las elecciones de
2018.
Al entenderse de esa manera, se
reeditará lo sucedido en el plebiscito del 2 de octubre de 2016: un duro
enfrentamiento ideológico, mediático, político y de clases sociales, en torno a la vieja
relación binaria Paz- Guerra.
En esta ocasión, los del NO
votarán para elegir a un Presidente que niegue lo acordado, plantee “renegociar”
lo firmado, e incluso, para que se niegue a cumplir con lo acordado. Por el contrario,
aquellos que dijeron SÍ al Acuerdo Final (II), buscarán elegir a un Presidente
(a) que de lleno se comprometa a dar cumplimiento a la palabra empeñada por el
Gobierno en el proceso de paz de La Habana y la que por extensión comprometió
el Congreso de la República al refrendar el Nuevo Acuerdo alcanzado por las
Farc y el Gobierno de Santos, como consecuencia del inesperado y apretado
triunfo del NO.
Las elecciones de 2018[1],
entonces, serán trascendentales para Colombia. Podrán servir para trazar
caminos de transformación política y cultural a una Nación que se acostumbró a
vivir en guerra, en especial ese país urbano inconsecuente y poco interesado en
el devenir del conflicto armado que en mayor medida se desarrolló en zonas
rurales y selváticas; o por el contrario, la jornada electoral que viviremos en
2018 bien podría ser el inicio del mayor engaño político no solo a las Farc,
sino a millones de colombianos que acompañaron y apoyaron el proceso de paz
adelantado en territorio cubano.
Y en varios espacios mediáticos
se viene hablando del carácter determinante de la elección presidencial. En
reciente artículo, la revista Semana expone el tema de la siguiente manera: “El uribismo quiere comenzar a agitar el debate presidencial con
el tema que seguramente terminará determinando hacia dónde se inclina la
balanza: el proceso de paz”[2].
Que el senador Uribe Vélez[3]
insista en recuperar el poder presidencial para desconocer lo acordado en La
Habana, o plantear una “renegociación”
de lo ya firmado, hace parte de sus mezquinas, pero legítimas aspiraciones en
tanto que, como ganadero, político y latifundista, puede sentir amenazados sus
intereses por lo acordado entre los negociadores de Santos y los
plenipotenciarios de las Farc en materia de Reforma Agraria Integral y la
Jurisdicción Especial para la Paz.
Ahora bien, que los millones de
colombianos que votaron por el NO el 2 de octubre de 2016 acompañen al Centro
Democrático y a las otras fuerzas políticas que probablemente desconocerán lo
firmado en el teatro Colón y lo negociado en la mesa de diálogos de La Habana,
confirma y evidencia el carácter marginal con el que estos millones de
colombianos miraron las dinámicas del conflicto armado y lo que es peor, y
consecuencia de lo anterior, el carácter secundario y accesorio con el que
estos mismos nacionales miran la posibilidad de construir un país en Paz.
Va a ser muy difícil quitarle ese
carácter plebiscitario a la jornada electoral de 2018, pero si es posible
modificar el lugar electoral que la Prensa colombiana desde ya le está dando al
Proceso de Paz. Para lograrlo, es necesario que los mismos periodistas y
empresas mediáticas asuman la tarea de posicionar el debate electoral no en
términos de que se acepte o no lo que se acordó en La Habana, sino en relación
con un factor que resultará trascendental para la eficiente, eficaz y efectiva
implementación de lo firmado en el teatro Colón de Bogotá: la corrupción.
En esa línea, la revista Semana
cae en la trampa que el senador Uribe le tendió al señalar que el tema que
terminará inclinando la balanza electoral es el proceso de paz. Convendría que
al interior de la publicación hebdomadaria se hiciera un juicioso análisis
político y periodístico, alrededor de lo que significa insistir en darle a las
elecciones de 2018 ese carácter plebiscitario, anclado de manera natural a la
polarización política que generó el proceso de paz de La Habana, la misma que
aupó Uribe desde el 2002.
Así entonces, y sin desconocer el
riesgo electoral en el que caerá el proceso de paz de La Habana en 2018, hay
que apostarle a posicionar, como único tema electoral, la corrupción público-privada como un factor
determinante y preponderante para la transformación del país. La lucha contra
la corrupción debe ser la bandera que la gran Prensa debe ayudar a izar y a
agitar, con el firme propósito de desenmascarar a ese enemigo que carcome la
confianza de los ciudadanos en el Estado, en la política y en la democracia.
Durante 53 años, la corrupción
público-privada fue desestimada por las dinámicas de la guerra interna. Hoy,
cuando estamos cerca de ponerle fin al conflicto armado, tenemos la oportunidad
de señalar que el mayor enemigo para la construcción de una paz estable y
duradera no está en el sentido de lo negociado en La Habana[4], sino
en los tentáculos de esa enorme bestia que domina la voluntad y la ética[5] de
funcionarios estatales y privados.
Imagen tomada de Semana.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario