Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Después de la euforia que produjo
la firma del primer Acuerdo de Paz, vino la desazón por el triunfo del NO en el
plebiscito del 2 de octubre. Ahora que se conoce el Nuevo Acuerdo, los
colombianos que de tiempo atrás apoyan el fin del conflicto armado, se aprestan
a celebrar, con mesura, con mucho de incertidumbre y muchas dudas, la firma de
ese nuevo documento con el que se pondrá fin al conflicto armado entre el
Estado y las Farc.
La refrendación se hará por la
vía legislativa, ya que el Constituyente Primario fue inferior al compromiso de
refrendar un Acuerdo de Paz que constituía y constituye aún una apuesta ética
frente a la vida, en el sentido en que al ponerse fin al conflicto armado, se
evitarán las muertes de guerrilleros, soldados, policías y de civiles pobres,
en especial, población rural (campesinos, indígenas y afrocolombianos) en donde
tradicionalmente se desarrollaron las hostilidades.
Millones de colombianos que hacen
parte del Constituyente Primario, no votaron en la jornada plebiscitaria y
otros tantos, se dejaron llevar por el odio hacia las Farc, por el miedo
inoculado por la campaña por el NO que lideró el Centro Democrático, junto a varias
congregaciones cristianas que tergiversaron el contenido del primer Acuerdo y
manipularon a un electorado que, con una baja cultura política, no pudo
contrarrestar las mentiras que estos actores, políticos y religiosos,
construyeron y difundieron masivamente. Y otros tantos, dijeron NO, sumidos en
la completa ignorancia y confusión, fruto de la campaña de desinformación
emprendida por noticieros radiales y televisivos. Entre estos, Noticieros RCN,
La FM y La W, entre otros.
Con todo y lo anterior, le
corresponderá al Congreso dar viabilidad jurídica y política al Acuerdo Final
(II), con el que se pone fin al conflicto armado con las Farc. Eso sí, la tarea
legislativa que se avecina, contará con la resistencia del Centro Democrático y
los reclamos, ética y moralmente insostenibles, del destituido Procurador
General, Alejandro Ordóñez Maldonado[1] y el
ex presidente, Andrés Pastrana Arango.
Lo que se viene[2]
Malogradas la fiesta y la alegría
por haber logrado ponerle fin a la guerra entre el Estado y Farc, tres asuntos
claves aparecen en la agenda pública: el primero y el más importante, el
sistemático asesinato de líderes sociales y políticos, reclamantes de tierras,
defensores del medio ambiente y de los derechos humanos. En lo corrido del
2016, han sido asesinados 70 colombianos. El segundo, la implementación de lo
acordado en La Habana, asunto que demandará enormes esfuerzos y cambios
institucionales[3], así como una urgente
transformación cultural que conlleva el desmonte del ethos mafioso que se entronizó en el ejercicio del poder político y
en las prácticas y transacciones en todos los estratos sociales. Y el tercero, lo
que podrá ocurrir en el primer escenario electoral de la posguerra que
viviremos en 2018[4].
En lo que toca a las sistemáticas
prácticas de violencia social y política ejercidas contra líderes campesinos,
hay que insistir en la responsabilidad que le cabe al Estado[5] por
lo que viene sucediendo con el asesinato de defensores del medio ambiente,
reclamantes de tierras, miembros de Marcha Patriótica y líderes sociales y
políticos.
Dichas muertes se producen porque
el Estado no tiene el monopolio de las armas. Y parece que hay sectores de
poder, dentro y fuera del Estado, a los que poco les interesa alcanzar ese
urgente y necesario monopolio. La responsabilidad recae, de manera directa, en
el conjunto de las Fuerzas Armadas y en los organismos de seguridad del Estado.
No solo subsiste un lucrativo negocio de alquiler y compra de armas en un
mercado ilegal, sino la voluntad política de sectores de poder militar, civil y
empresarial (empresarios del campo) de asesinar a todo aquel que simpatice con
ideas de izquierda, liberales, o aquellas que simplemente expresan procesos de
resistencia al modelo económico neoliberal, en particular, a las actividades de
explotación de los recursos naturales y la extensión del latifundio.
La persecución y el asesinato de
líderes y lideresas se dan porque la vieja doctrina
del enemigo interno, extendida contra civiles, aún sigue viva en militares,
policías, empresarios del campo y clase política, que insisten en borrar a todo
lo que les huela a izquierda.
En lo que corresponde al proceso
de implementación de lo acordado en Cuba, hay
que advertir que el blindaje del Acuerdo, en el ámbito nacional e
internacional, no será suficiente garantía para el cumplimiento de lo convenido
en el Acuerdo Final (II). Ya sabrán encontrar los enemigos y detractores de ese
proceso, los mecanismos y las estrategias administrativas y políticas para
torpedear las transformaciones que deberán hacerse para dar cumplimiento a la
palabra empeñada en el documento que pronto firmarán el Gobierno de Santos y la
cúpula de las Farc.
El control ciudadano y el que
deberán ejercer los organismos de control estatal serán definitivos si de
verdad quiere el país y la sociedad avanzar hacia la consolidación de
escenarios de posconflicto. De lo contrario, apenas si lograremos avanzar hacia
escenarios de posacuerdo.
Y finalmente, el primer escenario
electoral de posguerra (ojalá para ese entonces, el proceso con el ELN exhiba
avances significativos) que viviremos en 2018, demandará del electorado una renovada
postura ética que se corresponda con las nuevas
circunstancias políticas. Ello demanda la puesta en marcha de un
profundo y sostenido proceso de transformación cultural que lleve a los
colombianos a respetar las diferencias, a proscribir el ethos mafioso, a sacar las armas de la política, pero sobre todo, a
venerar la vida por encima de todo.
Imagen tomada de akifrases.com
2 comentarios:
Que Articulo,que buen Argumento,es la radiografía y el nuevo plan Acción para lo que Viene
Que Articulo,que buen Argumento,es la radiografía y el nuevo plan Acción para lo que Viene
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