Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
El tribunal de paz que propone
Uribe Vélez no solo es tardío e inoportuno, sino que deja entrever que el ex
mandatario insiste, tozudamente, en desconocer la existencia del conflicto
armado interno.
En varias ocasiones ha insistido,
en lo que para él y sus seguidores es una enorme equivocación: “Un error del proceso de paz ha sido
presentar a los miembros de las Fuerzas Militares como actores del conflicto
iguales al terrorismo -dijo Uribe-. Este tribunal es un alivio judicial y el
principio para recuperar la motivación de las tropas”[1].
Poco dado a la discusión
conceptual, Uribe Vélez impuso durante sus ocho años de Gobierno, sus particulares ideas alrededor de lo que es el Estado, la
seguridad y la democracia. Incluso, le alcanzó para decir que el Estado de opinión era un estadio superior al
Estado Social de Derecho. Una clara demostración de su enfermizo carácter
mesiánico y un reduccionismo conceptual y político que bien nos pudo llevar
hacia el desmonte de la poca institucionalidad ganada con la implementación de
la Carta Política de 1991. Y ahora, en su condición de Senador, insiste en
esas ideas, pensando quizás en la lejana
posibilidad de “renegociar” con las Farc, ante un soñado, pero lejano fracaso
del plebiscito.
La idea de Estado que guía la
vida del líder político, parte de una naturalizada legitimidad, circunstancia
que de inmediato desconoce su histórica labilidad y precariedad para hacerse
con tres monopolios (fuerza, renta y
justicia), y además, desecha los crímenes perpetrados por agentes estatales, en
el contexto de una lucha contrainsurgente contaminada por la penetración del
paramilitarismo y el narcotráfico en las huestes estatales, en especial durante
sus dos periodos presidenciales. De igual manera, Uribe desecha los problemas
que exhibe el Estado colombiano para erigirse como un orden viable, justo y como
faro moral para sus asociados. El ex gobernador de Antioquia, como co-partícipe
y co-responsable del Estado precario y lábil que hoy tenemos, olvida que
Colombia ha sido, a través del tiempo, más
territorio que Estado.
Que Uribe Vélez abandere la
defensa de la institucionalidad castrense, proponiendo un Tribunal paralelo o
alternativo a la Jurisdicción Especial
de Paz negociada en La Habana, de inmediato nos debe hacer recordar el tipo
de relaciones que estableció con las fuerzas armadas cuando fungió como su
comandante supremo, entre el 2002 y el 2010. Relaciones estas que terminaron
con el debilitamiento de la institucionalidad militar y policial, al exigir más y mejores resultados operacionales, sin advertir la
perversidad que acompañaba el sentido del decreto Boina y la recordada
directriz ministerial 029 de 2005.
No podemos olvidar que Uribe
estableció, bajo su mando, una relación perniciosa con las Fuerzas Armadas, que
lo llevó a un manejo privatizado y discrecional, lo que finalmente terminó con
el acomodamiento del carácter misional de dichas fuerzas, al carácter
vindicativo con el que asumió sus funciones como comandante supremo y
responsable del orden público dentro del territorio nacional.
Con su propuesta, Uribe
pretende desconocer el desvío misional de las Fuerzas Armadas, que terminó con
la violación de los derechos humanos, la persecución a defensores de derechos
humanos, librepensadores y simpatizantes de la izquierda democrática, entre
otros. Los Falsos Positivos son el ejemplo claro de ese redireccionamiento
misional, en el contexto de la degradación del conflicto armado interno.
El juzgamiento de los
miembros de las fuerzas armadas y de civiles que auparon la guerra, junto con
los guerrilleros de las Farc, nos debe servir, como sociedad, para proscribir
la guerra y para develar las oscuras fuerzas e intereses que se movieron detrás
del proyecto contrainsurgente que se emprendió desde el Estado, con el apoyo de
sectores poderosos de la sociedad civil. Proyecto que poco tuvo de
contrainsurgente y que buscó, con el concurso de los paramilitares, expulsar de
sus territorios a indígenas, afros y campesinos, para que las riquezas de sus
tierras y las del subsuelo, fueran a parar a manos de grandes terratenientes,
agroindustriales, ganaderos y multinacionales.
El Congreso y el Presidente
Santos deben hacer caso omiso a la propuesta del latifundista Álvaro Uribe Vélez, por cuanto insiste en limpiar la
imagen de unas fuerzas armadas que se degradaron, en buena medida porque desde
el poder político se deslegitimó el levantamiento armado, a pesar de la
existencia de circunstancias y razones
suficientes para querer cambiar un orden político y económico que
históricamente le ha servido a unos pocos.
Insisto: la propuesta de Uribe
llega tarde y es inoportuna. Esperemos que la Jurisdicción Especial de Paz y la
Comisión de la Verdad, cuando estén funcionando, hagan su trabajo para que por fin reconozcamos
que en esta guerra fratricida no hubo ni buenos, ni malos. De lo que se trata
es de reconocer que subsisten unas circunstancias contextuales que nos han
impedido construir Estado, sociedad y mercado, a pesar de reformas y pactos de
paz. Circunstancias creadas y extendidas por un Establecimiento que insiste en
mantener una democracia formal, un Estado débil y una sociedad atomizada,
condiciones propicias para mantener y extender los mezquinos intereses de unas
élites incapaces de liderar un proyecto de Nación incluyente y legítimo.
Imagen tomada de Semana.com
[1] Tomado de http://www.semana.com/nacion/articulo/alvaro-uribe-hace-su-propuesta-de-un-tribunal-de-paz/488284
1 comentario:
El Sr. Uribe, esta muy mal, no ha encontrado un Solo Argumento para hacerle creer que es Serio, es mas bien un pillo que quiere JUSTIFICARSE !!
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