Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Sin lugar a dudas, las
negociaciones de paz de La Habana estaban empantanadas en la discusión sobre el
número de zonas de ubicación exigidas
por las Farc, los protocolos para su funcionamiento y la seguridad de los
comandantes guerrilleros y la de la tropa fariana concentrada territorialmente.
A estos temas, se suman los
reclamos de los negociadores de las Farc por la presencia y las acciones
criminales perpetradas por grupos paramilitares que vienen asesinando a
defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y líderes sociales,
entre otros. El acuerdo de un cese bilateral del fuego también venía
discutiéndose en el contexto de hostigamientos y enfrentamientos provocados por
la Fuerza Pública en zonas de La Uribe, en el Meta, según denuncian las Farc en
su página web y por el asesinato de soldados por parte de francotiradores de las
Farc, según denuncias del estamento militar.
Podríamos decir que el pesimismo
de los colombianos ya rondaba la Mesa de Negociación. Ayer, al caer la tarde,
el Comunicado Conjunto Nro 69 nos devolvió el optimismo y la esperanza de que
pronto habrá anuncios sobre nuevos preacuerdos y finalmente la firma definitiva
que pondrá fin a la expresión armada del conflicto, en el entendido de que las
circunstancias objetivas que lo originaron aún subsisten.
El contenido del mencionado
Comunicado[1] no
solo renueva los ánimos de quienes acompañamos y apoyamos la negociación
política para ponerle fin al conflicto armado interno, sino que debería de
servir para darle el último impulso al Proceso de Paz y llegar por fin a una
pronta firma del Acuerdo Final.
Más allá de la discusión
alrededor de la viabilidad y validez jurídica internacional del carácter de
Acuerdo Especial de Paz que se le dará a lo acordado en La Habana, lo que se
puede rescatar es el triunfo de la política y de lo político, en tanto expresión
discursiva de ésta.
Las salidas jurídicas contenidas
en el Comunicado Conjunto 69 para blindar lo que al final acuerden el Gobierno
y las Farc, supone una discusión argumentada y unos encuentros dialógicos que
los colombianos debemos de rescatar, para que en adelante los conflictos, las
diferencias y todo tipo de desavenencias las aprendamos a resolver a través del
diálogo respetuoso, a la escucha del Otro y con toda la disposición ética para
reconocer que ese Otro puede tener la razón.
Más allá del discurso jurídico,
de las diversas interpretaciones que ya aparecen sobre lo anunciado, y de su
importancia para regular la vida de los asociados a un Estado, lo que debemos
exaltar es la negociación misma que se adelanta en La Habana y en especial
reconocer este gran avance. Y ello debe traducirse en una acción clara: politizar los espacios sociales con el
firme propósito de darle una oportunidad a la discusión respetuosa y al
intercambio de argumentos, para solucionar nuestras diferencias y discrepancias.
Todo ello, sobre la base de una
enorme transformación cultural de una sociedad que de muy diversas maneras
valida el uso de la fuerza y de la violencia como mecanismos para imponer un
discurso o una verdad.
Apenas horas después de la
declaratoria y el llamado a la Resistencia Civil[2] que
hiciera el latifundista, ganadero y ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el
Gobierno y las Farc, a través del Comunicado Conjunto número 69, mandan un
claro mensaje al hoy senador de la República y a sus áulicos: la firma del fin del conflicto armado no
tiene reversa, a pesar de su clara, tozuda e incomprensible oposición.
Así entonces, lo decidido en La
Habana deviene con un profundo sentido ético-político para aquellos sectores
como el “uribismo[3]”, acostumbrados a imponer
sus ideas, a evitar la discusión civilizada, al debilitamiento de la
institucionalidad para consolidar liderazgos mesiánicos y autárquicos y sobre
todo, proclives a difundir medias verdades[4] para
confundir a las audiencias y para indisponer a sus seguidores, poco dispuestos
históricamente al diálogo respetuoso con aquellos que no comparten el proyecto
de Estado, de sociedad y de mercado que encarna y defiende a dentelladas Álvaro
Uribe Vélez.
A pesar del rescate de la
política y del sentido ético-político con el que deviene tanto el Proceso de
Paz, como el contenido mismo del
mencionado Comunicado, la imperiosa necesidad de blindar lo que al final se
acuerde en La Habana, evidencia la crisis de la institucionalidad estatal y por
supuesto, la de la institucionalidad privada derivada del actuar de actores de
la sociedad civil; de igual manera, el contenido del Comunicado 69 pone de
presente la crisis de la palabra empeñada y por lo tanto, de la política y de
lo político en tanto discurso con el que
políticos profesionales y ciudadanos del común dan cuenta de la aceptación y el
respeto de las reglas del juego (la política).
Y estas circunstancias son
suficientes para que todos los colombianos sintamos vergüenza del tipo de
Estado y de sociedad que hemos edificado. Reconocer que hemos construido un
orden social, político, económico y cultural inviable, insostenible,
insustentable y profundamente ilegítimo, nos puede conducir hacia la
construcción de escenarios de posconflicto,
con todo y el sentido maximalista que acompaña a dicha nomenclatura. Y
debemos reconocer también, que hemos construido Estado, sociedad y mercado
sobre un oprobioso ethos mafioso, que
aún hoy guía la política y con el que se contaminan los discursos que pretenden
dar cuenta de las maneras como creemos que respetamos las reglas, las normas y
las leyes.
Bienvenido, entonces lo acordado
en La Habana. Hay motivos para aplaudir, pero aún faltan razones para celebrar.
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