30 AÑOS DEL HOLOCAUSTO DEL PALACIO DE JUSTICIA

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

Por estos días una parte importante del país urbano conmemora un año más del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985. Ya son 30 años de los sangrientos hechos protagonizados por un comando del M-19 que se tomó de manera violenta las instalaciones del Palacio de Justicia y por un grupo de militares que en las acciones de retoma del edificio, hizo posible que los límites éticos y el mínimo respeto por la vida se perdieran en dicho operativo.

Sin duda, en la acción militar de retoma del edificio los militares cometieron excesos en el uso de la fuerza, aupados muy seguramente por una sed de venganza contra los militantes de esa agrupación guerrillera que tiempo atrás había burlado la seguridad de una guarnición de la que extrajeron por lo menos cinco mil armas. Eso sí, el primer error recayó en el grupo subversivo que irrumpió en el Palacio de Justicia para “hacerle un juicio político[1] al Presidente Belisario Betancur por aparentes incumplimientos” en el contexto de conversaciones de paz sostenidas con ese grupo alzado en armas.

También, por estos días, Belisario Betancur ofreció públicas disculpas por los errores que pudo cometer cuando fungió como Presidente y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, durante la retoma del Palacio de Justicia. Más allá de las verdades a medias que rodean aún los hechos acaecidos y las propias investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, hay un asunto que debemos de considerar en los análisis y en las reiteradas conjeturas que en torno a lo sucedido en esas 24 horas de horror, aún hacen muchos colombianos. Y ese asunto tiene que ver con varios elementos a saber: la doctrina de seguridad nacional, el devenir del conflicto armado interno, el talante y el carácter civil de los Presidentes y la real sumisión de los militares al poder del Ejecutivo.

Venía el país de un gobierno de mano dura que aplicó con todo rigor un Estatuto de Seguridad que sirvió para fortalecer el espíritu militarista de una parte de la sociedad, así como el talante autoritario y disciplinante de las Fuerzas Armadas. No podemos desconocer que Julio César Turbay Ayala fue un Presidente (1978-1982) que legitimó y legalizó la violación de los derechos humanos, entregándole a la Fuerza Pública funciones de policía judicial, la posibilidad de allanar moradas sin orden judicial y en general, todo el aval institucional para restringir libertades y derechos en el marco del llamado Estado de Sitio.

Cuando Belisario Betancur se convierte en Presidente (1982-1986) y muy a pesar de su voluntad de dialogar y negociar el fin del conflicto con las guerrillas(Farc y M-19), el ejercicio del poder presidencial venía contaminado por ese espíritu militarista que Turbay Ayala aupó. Al final, Betancur sucumbió ante la fuerza de ese espíritu y por supuesto, a la presión que ejercieron los militares para que se implementaran acciones de recuperación de las instalaciones tomadas por el M-19, sin mediar consideraciones humanitarias.

Si es verdad que Belisario Betancur estuvo al frente del operativo militar de retoma del Palacio de Justicia, las decisiones y órdenes emanadas en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas las tomó y las dio aplicando principios y recomendaciones que claramente exigían y exponían la sujeción de su condición de civil, al carácter autoritario y disciplinante de unas Fuerzas Armadas que venían consolidando internamente ejercicios de persecución, sometimiento y tortura de grupos de civiles sobre los cuales recaían sospechas de ser cómplices de las guerrillas o simplemente por declararse simpatizantes de las ideas de Izquierda.

De esta manera, Betancur no actuó como Presidente (como civil), sino como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Investido como militar, tomó las decisiones que terminaron con el saldo trágico que todo el país conoce. Betancur mutó de su condición de civil, y por 24 horas, fungió como un militar más, rodeado por circunstancias y un ambiente en el que claramente la condición civil y los civiles mismos, venían menospreciados y fueron finalmente subvalorados.

En esa línea, podríamos decir, sin querer disculpar sus errores, que Betancur actuó de acuerdo con las condiciones contextuales que el país vivía. El débil carácter del Presidente, sus frágiles convicciones humanitarias y la presión de unos militares que hallaron el momento propicio para vengarse del M-19 por las afrentas del pasado, terminaron convirtiendo al Presidente Betancur, por largas 24 horas,  en un  vulgar, pero decidido chafarote.

Saldría mejor librado ante la historia si Betancur dijera que durante esas horas perdió el control y el mando sobre las Fuerzas Militares y que de facto su poder jurisdiccional fue remplazado por el poder militar. Al insistir en lo contrario, no puede Belisario Betancur presentarse como un demócrata, humanista y mucho menos como un poeta pues claramente esas características, ese talante y ese perfil quedaron pulverizados, molidos y deshechos en el malogrado operativo de retoma del Palacio de Justicia.


Nota: en el acto en el cual Santos, como jefe de Estado y de Gobierno pide perdón por lo ocurrido en el Palacio de Justicia, faltó la voz de los dirigentes del M-19, así la toma misma del edificio de la justicia no haya sido ordenada por ellos. 

Imagen tomada de www.elespectador.com

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[1] También existe la versión de que estaban haciéndole un mandado al narcotraficante y criminal, Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien buscaba a toda costa evitar la extradición a los Estados Unidos, por razones de su actividad ilícita. El confeso criminal, alias Popeye, volvió por estos días a confirmar que el entonces jefe del Cartel de Medellín pagó una suma importante a los guerrilleros del M-19, para que quemaran los expedientes que la Corte Suprema de Justicia discutía en torno a la extradición de un grupo importante de narcotraficantes. Señaló que el dinero se entregó al entonces comandante Iván Marino Ospina.