DISQUISICIONES SOBRE LA INSTITUCIONALIDAD (II)

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La institucionalidad recoge los elementos y factores culturales que rodean los ejercicios de la función pública (operación del Estado) y los de la función particular (operación privada de actores de la sociedad civil en el Mercado). Ejercicios estos, cuyos resultados se expresan en condiciones y circunstancias que garantizan, de un lado, la legitimidad del Estado y, del otro, coadyuvan o no, a la consolidación de una idea más o menos universal de lo público (lo que nos interesa a todos).

Con un Estado débil y precario como el colombiano, que opera bajo la influencia de un ethos mafioso que disímiles élites de poder y el grueso de la sociedad comparten, la institucionalidad deviene igualmente endeble y deleznable por la acción simbólica y práctica de ese ethos mafioso y por supuesto, por el sentido negativo y empobrecido que de lo Público tienen los colombianos, en el momento, por ejemplo, de exigir sus derechos, discutir asuntos de interés general, o reflexionar en torno a otros que comprometen las relaciones entre el Estado y la sociedad.

En todo lo anterior, los medios de comunicación juegan un papel importante dado que de forma permanente el discurso periodístico-noticioso recoge los elementos y las circunstancias en las que la institucionalidad estatal y particular (privada) se manifiestan, a través de funcionarios públicos, proyectos de infraestructura, opiniones de voceros de actores de la sociedad civil, la ejecución de políticas públicas, así como otros hechos jurídicos y políticos.

Los líderes mesiánicos suelen debilitar las instituciones y afectar negativamente la legitimidad derivada o proyectada. Tal situación puede revelar con claridad, las intenciones democráticamente restrictivas de aquellos que sienten que son los “elegidos” y los únicos capaces de gobernar o liderar procesos; de igual manera, pueden observarse las fracturas de los consensos reglados sobre los cuales las instituciones suelen apoyar sus procedimientos, decisiones y actuaciones.

Por supuesto que la institucionalidad estatal y las institucionalidades privadas derivadas de los actores de la sociedad civil que interactúan entre sí y con el Estado, son fruto de las relaciones y de los factores de poder que actúan dentro del Estado, fuera de él o que simplemente hacen viable jurídica y políticamente un orden constitucional e institucional.

Pero así como la institucionalidad estatal como la particular resultan de un trasfondo cultural complejo y determinante, de igual manera guardan estrecha relación con las formas en las que el poder se manifiesta, dispone y determina las relaciones del Estado con una sociedad civil que para el caso colombiano exhibe una histórica confusión entre lo público  y lo privado.

Lo anterior ha permitido consolidar actividades para-estatales que van deformando la idea de Estado moderno y sometiendo su funcionamiento a las lógicas de específicos particulares que han logrado penetrar el Estado para cooptarlo y capturarlo, en beneficio de las instituciones privadas, con el consecuente debilitamiento de la institucionalidad estatal.

Decía Foucault que “el poder no está localizado en el aparato de Estado, y nada cambiará en la sociedad si no se transforman los mecanismos de poder que funcionan fuera de los aparatos de Estado, por debajo de ellos, a su lado, de una manera más minuciosa, cotidiana”.

Más complejo resulta sostener una operación institucional proclive a la consolidación del Estado e incluso, a garantizar su legitimidad, cuando se reconoce el funcionamiento de un Estado paralelo que aparece por la acción administrativa y política de redes de corrupción o de grupos de poder que por todos los medios buscan cooptar y capturar el Estado para someterlo a las pretensiones individuales y grupales de unos pocos.

La operación del Estado colombiano, en las circunstancias descritas, da vida de forma cotidiana a un Estado paralelo, que es maniobrado por grupos de poder, legales e ilegales, que de disímiles maneras debilitan no solo el sentido de lo Público y de lo público-estatal, sino la confianza que los ciudadanos de forma natural depositan en el Estado, para sentirse seguros y en espera de que este los guíe moralmente y atienda sus demandas sentidas a través de efectivas, eficaces, eficientes y consensuadas políticas públicas.

Al anterior panorama,  se suma la idea de que el Estado es una abstracción y que como tal no se le pueden endilgar responsabilidades, dado que su funcionamiento y eficacia dependen no solo del poder político en el contexto de un régimen presidencialista, sino de fuerzas del mercado nacional e internacional claramente alineadas con el orden financiero internacional.

No podemos olvidar que el Estado se erige  como un símbolo de poder  en el que la ciudadanía suele confiar, de ahí que sus disfuncionalidades terminan erosionando, por ejemplo, el poder presidencial y los de otras entidades gubernamentales que ayudan a hacer aterrizar lo que para muchos es una entidad metafísica, por fuera de cualquier posibilidad de confrontación política y discursiva.

Tal abstracción se supera con la operación efectiva de las instituciones estatales, lo que de inmediato hace que sobre la institucionalidad pública recaiga la confianza o la desconfianza de los ciudadanos, asegurándose de esta forma niveles de legitimidad o ilegitimidad.