YO DIGO SÍ A LA PAZ

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jueves, 3 de abril de 2014

LOS RIESGOS DE UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

La refrendación de lo acordado en La Habana entre los negociadores del Gobierno y de las Farc es y será un asunto trascendental para la finalización del conflicto, la definitiva dejación de armas por parte de las Farc, así como para garantizar que haya una eficaz y efectiva justicia transicional y en esa medida,  avanzar hacia una complicada etapa de posconflicto.

Hay dos caminos para la refrendación: uno, la aprobación en el Congreso elegido el 9 de marzo de 2014[1], de marcos legales que con el carácter de leyes estatutarias, aseguren en el tiempo el respeto por lo acordado en materia de penas alternativas para la cúpula fariana y su participación en la vida política y democrática del país, así como para la ejecución de las políticas públicas sobre las cuales se soportará la Reforma Agraria Integral y los otros puntos de lo acordado entre las partes, sobre la base de los seis puntos de la Agenda de Paz. Y el segundo camino, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. 

El primer camino no convence del todo a las Farc porque personajes como el Procurador Ordóñez y otros más, se encargarán no sólo de demandar dicho marcos jurídicos ante las Altas Cortes y ante organismos internacionales, si es el caso, sino de promover, con el apoyo de poderosos sectores económicos, políticos, sociales y militares, el desconocimiento de lo acordado, desde la perspectiva política que acompaña la firma de tratados de paz y armisticios.

Por el contrario, las Farc proponen y exigen que el camino más seguro es la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con el fin de que lo acordado en La Habana alcance un nivel y un carácter constitucional, lo que supone un inexpugnable blindaje que guarda coincidencia con la rigidez que debe asegurarse a la Carta Política resultante de esa convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Pero ese camino, en las actuales circunstancias que vive el país y las que arrastra la joven y vigente Constitución Política es peligroso e inconveniente pensar en una ANC. Varias circunstancias y hechos permiten pensar así. En primer lugar, un llamado a una ANC terminaría por reconocer que el pacto de paz y el nuevo contrato social firmados en 1991 fracasaron por la poca voluntad de las fuerzas y actores que participaron del diseño constitucional.

En segundo lugar, derogar una constitución liberal y garantista como la de 1991 abre la posibilidad, por las características del Congreso elegido el 9 de marzo de 2014, la fuerte polarización política que hoy existe y el creciente malestar político y social que se viene consolidando de tiempo atrás, para que sectores neoconservadores y los eternos enemigos del espíritu de la vigente Carta Política, logren regresarnos al entorno político, social y cultural que generó y en el que se aplicó la Constitución de 1886, hecha a la medida de sectores de poder que creen a pie juntillas en el Estado de Derecho, en el que importa, sobre todos los ámbitos y circunstancias, el imperio de la ley.

Se trata de esos mismos sectores que aún sueñan con el Estado de Sitio, como condición natural para controlar, pacificar y violentar a una sociedad que deambula sin referentes legítimos de orden y que exhibe graves dificultades en sus procesos civilizatorios[2].

En tercer lugar, un llamado a una ANC terminaría por quitarle el sentido histórico y estructural con el que debe entenderse y comprenderse una convocatoria de esa magnitud. El cambio no podría ser más desalentador e inconveniente: esa nueva Asamblea Nacional Constituyente tendría un sentido meramente coyuntural[3], que animaría en lo consecutivo a aquellos sectores molestos con el nuevo marco constitucional, para pensar nuevas coyunturas y por ese camino, generar animadversión hacia el nuevo orden y pacto de paz, hasta el punto de motivar su desmonte por la vía de un nuevo llamado a una Asamblea Constituyente.

En cuarto lugar, derogar la Carta Política de 1991, sin haber alcanzado la consolidación del Estado Social de Derecho y la generación de una cultura política y democrática en todos los niveles de la sociedad colombiana y sobre todo sin haber solucionado problemas como el empobrecido capital social de millones de colombianos, es un riesgo que el país no puede correr.

Dado lo anterior, la salida estaría en el llamamiento a una Asamblea Nacional limitada o circunscrita a temas específicos, como lo planteó hace un tiempo Rodrigo Uprimmy. El profesor Uprimny señaló: “…Otra posibilidad es una asamblea constituyente, pero no soberana, sino para temas específicos. Y eso es posible pues la Constitución establece que la ciudadanía aprueba la convocación de una constituyente, pero con base en una ley que define su “competencia, período y composición”. Una asamblea con competencia limitada no pondría en riesgo los avances de la Constitución de 1991; y al definirse su composición, podría permitirse una mejor participación de grupos minoritarios, como las víctimas y los grupos étnicos. Es pues una opción a explorar, pero que también tiene peligros, pues una vez convocada podría querer transformarse en una asamblea soberana…Debemos pues empezar a debatir cómo refrendar un eventual acuerdo de paz[4].

Al tiempo que se piensa en una ANC limitada, es urgente y necesario que las élites y de la dirigencia política y económica del país, reconozcan los errores que han cometido al capturar el Estado para sus particulares y mezquinos intereses. Ese sería un buen comienzo para hacer viable a este país.



Imagen tomada de elespectador.com


[1] Congreso en el que tienen asientos sectores conservadores, a los que les molesta el espíritu garantista y liberal de la Carta Política vigente en Colombia.
[3] Motivado por la firma de la paz con un grupo armado al que diversos sectores consideran como terroristas, lo que a futuro podría generar una fuerte animadversión contra lo acordado y refrendado.

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